Kommission übergibt Bericht
- Auf der Suche nach der Wahrheit -
Am 25. Februar des Jahres 1999 war es endlich soweit. Die Wahrheitskommission Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) übergab nach ca. 1½ Jahren intensiver Arbeit (Juli 1997 bis Anfang 1999, wovon bis Mai 1998 die Zeugenaussagen gesammelt wurden) den neunbändigen Bericht „Guatemala: Memoria del Silencio“ an die Unterzeichner des 1996 in Oslo abgeschlossenen Friedensvertrages. Als Vertreter der URNG (Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala) war Jorge Soto anwesend und als Vertreterin der Regierung Raquel Zelaya, Vorsitzende des Friedenssekretariats der Regierung. Außerdem wurde der Bericht Alvaro de Soto, dem stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, überreicht.
Der Bericht enthält sowohl die Ergebnisse der Untersuchungen über
die Verletzungen der Menschenrechte während des 34 Jahre andauernden
Bürgerkrieges als auch Empfehlungen an die beteiligten Gruppen zur
Aussöhnung. Daß dieses wichtige Ereignis auf den 25. Februar
fiel, war sicherlich kein Zufall, dies ist der Neujahrstag der Mayas,
so daß hierdurch hoffentlich nicht nur ein symbolischer Neuanfang
gefeiert wurde.
Als Christian Tomuschat (Koordinator der CEH) sich von seinem Stuhl erhob,
um sich an die „sociedad tan duramente golpeada que ahora está
renaciendo, buscando caminos de paz que conduzcan al establecimiento de
una nación nueva, justa y multicultural, en el marco de un Estado
Democrático de Derecho“ wandte, ging ein langer und schwerer
Säufzer der Erleichterung, aber auch des Schmerzes durch die Masse
von 10.000 Menschen im Nationaltheater von Guatemala Stadt. Alle Anwesenden
waren emotional betroffen, viele Menschen weinten, darunter auch solche,
die den Bürgerkrieg nie miterlebt haben.
Da die Rede (http://hrdata.aaas.org/ceh)
einfach zu ergreifend ist, um sie zusammenzufassen, wird sie im Folgenden
abgedruckt. Natürlich ist es wesentlich beeindruckender und intensiver,
diese Rede direkt zu hören, die Gestik und Mimik des Sprechers sehen
zu können, die Reaktionen aus dem Publikum mitzuerleben, doch ich
hoffe, daß man sich trotzdem, auch wenn man sie nur liest, gut vorstellen
kann, welch große Wirkung sie auf das Publikum hatte.
Die Rede Tomuschats
1. La Comisión para Esclarecimiento Histórico (CEH) inició
sus trabajos el 31 de julio de 1997, conforme con el mandato y los critérios
establecidos por las Partes que firmaron el Acuerdo de Oslo. Ha sido un
difícil camino que ahora aporta sus frutos. Desde julio del 1997
hasta mayo de 1998 recogimos miles de testimonios de víctimas,
de testigos y de protagonistas del enfrentamiento armado. Nuestro personal
llegó a miles de comunidades del interior del país: desde
las selvas del Ixcán a las plantaciones de la Costa Sur; desde
las montañas del Occidente hasta las riberas del Océano
Atlántico.
2. Devolvemos hoy a las Partes firmantes del Acuerdo de Oslo los resultados
de las investigaciones que estos miles de testimonios han originado. Pero
deseamos devolverlos, especialmente a la sociedad guatemalteca, a los
guatemaltecos; a esta sociedad tan duramente golpeada que ahora está
renaciendo, buscando caminos de paz que conduzcan al establecimiento de
una Nación nueva, justa y multicultural, en el marco de un Estado
democrático de Derecho.
3. Cuando los comisionados integramos la CEH, cada uno por diferentes
caminos y todos por azares de la vida, sabíamos a grandes rasgos
lo que había acontecido en Guatemala durante el enfrentamiento
armado. Sin embargo, nadie de nosotros podía imaginar la dimensión
de esta tragedia; tampoco los comisionados guatemaltecos que en esos años
la vivieron directamente.
4. Los casos investigados por la CEH sólo son una muestra de la
realidad de las violaciones a los derechos humanos y de los hechos de
violencia que ocurrieron durante el enfrentamiento armado. En estos casos
hemos registrado más de 42,000 víctimas de violaciones:
entre éstas más de 29,000 fueron ejecutadas o desaparecidas.
Combinando estos datos con otros estudios realizados, hemos llegado a
la conclusión que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento
fratricida llega a más de 200,000 personas.
5. La CEH ha establecido que las fuerzas de Estado y grupos paramilitares
afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas; las
fuerzas insurgentes fueron responsables del 3%, mientras que en el restante
4% de los casos se incluyen otros autores o no fue posible reunir elementos
suficientes para establecer la responsabilidad de los hechos.
6. Con profundo sentimiento la CEH ha conocido la extrema crueldad con
que se perpetraron muchas de las violaciones registradas, así como
la gran cantidad de niñas y niños, víctimas de actos
crueles y asesinatos, y el ensañamiento en contra de las mujeres,
especialmente en contra de las mujeres mayas, torturadas, violadas sexualmente
y asesinadas.
7. Esta magnitud y la inhumana irracionalidad de la violencia que azotó
el país por más de tres décadas no pueden ser explicadas
simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes.
Hemos llegado a la conclusión que la estructura y la naturaleza
de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala,
así como el racismo, el cierre de los espacios de participación
y la renuncia a impulsar reformas sustantivas del Estado constituyeron
los factores que determinaron el origen y el estallido del enfrentamiento
armado. Hemos constatado, además, la participación, bajo
diferentes formas, de los grupos de poder económico, los partidos
políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros
sectores de la sociedad civil. Por todo ello, la CEH concluye que la explicación
de fondo del enfrentamiento armado guatemalteco no puede reducirse a una
lógica de dos actores armados: tal interpretación no explica
ni podría fundamentar la persistencia y la significación
que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas
económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación
de la violencia; ni los repetidos esfuerzos organizativos y la constante
movilización de sectores de la población que luchaban por
alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y culturales.
8. Asimismo, gobiernos extranjeros se involucraron a menudo en los asuntos
internos de Guatemala, contribuyendo a determinar y sostener el enfrentamiento
armado. Las investigaciones de la CEH demuestran que, hasta mediados de
la década de los ochenta, hubo fuertes presiones del Gobierno de
los Estados Unidos de América y de empresas norteamericanas, para
mantener la arcaica e injusta estructura socio-económica del país.
Además, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de diversas
dependencias, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA), apoyó
directa e indirectamente algunos operativos ilegales del Estado. Por otra
parte, la CEH tiene información del apoyo brindado por el Gobierno
de Cuba a las organizaciones guerrilleras, lo que incluyó la formación
militar de combatientes. Acerca del involucramiento de otros gobiernos
extranjeros, la CEH ha tenido noticias fragmentarias que no pudo comprobar
de una forma plena.
9. La Doctrina de Seguridad Nacional, que durante muchos años guió
la línea de actuación del Estado de Guatemala y del Ejército
Nacional, ha sido una de las bases teóricas que produjeron la tragedia
nacional. Según esta doctrina, la estrategia contra insurgente
definía explícitamente como enemigo no sólo a los
integrantes de las organizaciones insurgentes, sino también a todos
aquellos ciudadanos, organizados o no, que podían ser calificados
como opositores. La aplicación de esta teoría explica, con
estremecedora claridad, por qué la enorme mayoría de las
víctimas del enfrentamiento armado no fueron combatientes, sino
civiles: algunos murieron por sus ideales, otros en acciones totalmente
indiscriminadas.
10. Durante gran parte del enfrentamiento armado interno, creyendo que
el fin lo justificaba todo, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad
del Estado persiguieron ciegamente la lucha anticomunista, sin respetar
ningún principio jurídico, ni los más elementales
valores éticos o religiosos, para llegar así a la completa
pérdida de la moral humana.
11. La CEH ha constatado, asimismo, significativas diferencias en la distribución
territorial de las operaciones represivas y de la frecuencia de las violaciones
perpetradas por el Estado. De 1962 a 1970 se concentraron en el Oriente,
en la Capital y la Costa Sur. Las víctimas eran miembros de las
organizaciones gremiales rurales, campesinos, profesores y estudiantes
universitarios y secundarios. De 1971 a 1977 los operativos ilegales fueron
más selectivos y dispersos; esta vez las víctimas fueron
líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes.
Fue en estos años que la represión cobró más
víctimas entre los intelectuales, los dirigentes y, en general,
los ladinos de la capital.
12. Entre 1978 y 1985 se registra el período más sanguinario
del enfrentamiento armado. Se cobró la mayor parte de las víctimas
en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en
la Costa Sur y en la Capital. En este período las víctimas
fueron, en su mayoría, maya. En el último período,
entre 1986 y 1996, los operativos tuvieron un carácter más
selectivo, afectando en proporción similar a indígenas y
ladinos.
13. La población maya ha pagado el tributo más alto a la
lógica irracional del enfrentamiento armado. Particularmente en
los años de su exacerbación, entre 1978 y 1983, en varias
regiones del país el Ejército identificó a grupos
del pueblo maya, como aliados naturales de la guerrilla. Esta falsa convicción
incrementó y agravó las violaciones de los derechos humanos
que se perpetraron contra el pueblo maya, evidenciando agresivos componente
racistas y de extrema crueldad. Se llegó al exterminio masivo de
comunidades mayas inermes, a las que se atribuía vinculación
con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y aplicando
métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo
civilizado.
14. Mediante las masacres y las denominadas operaciones de „tierra
arrasada“, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron
por completo comunidades mayas, se destruyeron sus viviendas, ganado,
cosechas y otros elementos esenciales de sobrevivencia. La CEH ha registrado
626 masacres cuya autoría atribuye a fuerzas del Estado. La CEH
estableció que muchas de las masacres y otras violaciones de los
derechos humanos cometidas en contra de tales grupos respondieron a una
política superior, estratégicamente planificada, que se
tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente.
15. Sobre la base de una profunda investigación que hemos realizado,
teniendo en cuenta las definiciones de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, con gran consternación,
la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contra insurgentes
realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes
del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos
del pueblo maya.
16. El sistema judicial del país, por su ineficiencia provocada
o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando
y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción,
el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos
sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad
caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado
y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó
y protegió las actuaciones represivas del Estado, así como
las de particulares afines a sus propósitos. Como fin, fue consecuencia
de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios
políticos y sociales.
17. Los grupos guerrilleros cometieron también actos de violencia
que conculcaron el derecho a la vida, mediante ejecuciones arbitrarias
de miembros de la población civil o de particulares indefensos,
algunos de ellos vinculados al enfrentamiento, como los comisionados militares
y los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La CEH ha
comprobado que grupos guerrilleros fueron también responsables
de ejecuciones arbitrarias de miembros de sus propias organizaciones.
18. Se atribuye a la guerrilla, también, 32 masacres; en su mayoría,
perpetradas entre 1981 y 1982.
19. El secuestro de personas indefensas, con fines políticos o
con el propósito de obtener un aporte económico a cambio
de la libertad del secuestrado, fue empleado reiteradamente por la guerrilla.
Estos secuestros estaban dirigidos contra personalidades del mundo político,
diplomático o empresarial de Guatemala. En unos casos, las personas
secuestradas, entre éstas un embajador extranjero, fueron ejecutadas
posteriormente.
20. La mayor parte de las violaciones de los derechos humanos conocidas
por la CEH, y perpetradas por agentes del Estado o por los grupos paramilitares
afines al Estado, se produjo: con el conocimiento o por orden de las más
altas autoridades militares. La CEH cuenta con evidencias de distinto
origen -entre otras: declaraciones de antiguos miembros de los servicios
de seguridad del Estado y documentación desclasificada - que demuestran
que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la
G-2 y el Estado Mayor Presidencial (EMP), fueron los autores intelectuales
y los organizadores directos de capturas, interrogatorios ilegales, torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones.
21. Los resultados de nuestras investigaciones demuestran que, generalmente,
la excusa de que los mandos subalternos actuaron con un amplio margen
de autonomía, excusa con la que se trataba de justificar que se
cometieron excesos y errores que no fueron ordenados por los superiores,
es un argumento sin sustentación ni base alguna.
22. Sobre la base de que se cometió genocidio, la CEH concluye
que, sin perjuicio que los sujetos activos son los autores intelectuales
y materiales del crimen, en los actos de genocidio cometidos en Guatemala
existe también responsabilidad del Estado, y esto debido a que,
en su mayoría, estos actos fueron producto de una política
preestablecida por un mando superior a sus autores materiales. El Estado
también incumplió su obligación de investigar y castigar
los actos de genocidio cometidos en su territorio.
23. Por otra parte, la CEH está convencida que la gran parte de
los hechos de violencia que hemos investigado, cuya autoría atribuimos
a organizaciones guerrilleras, se produjeron también con el conocimiento
de los altos mandos militares de estos grupos armados: en algunos casos
porque los hechos fueron la concreción de una estrategia político-militar
deliberada, y en otros porque se realizaron en cumplimiento de decisiones
adoptadas al más alto nivel.
24. En consecuencia, la CEH concluye que, de los atentados contra la vida
de las personas y otras violaciones del derecho internacional humanitario,
cometidas por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) o
por las organizaciones que la conformaban, se deriva una ineludible responsabilidad
de los rangos superiores de la estructura orgánica de la guerrilla.
25. Los autores del Acuerdo de Oslo pensaban que, a pesar del choque que
pueda sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es
necesario conocer y hacer pública la verdad. Esperaban y esperan
que la verdad conduzca a la reconciliación. Conociendo la verdad
de lo sucedido será más fácil alcanzar la reconciliación
nacional, para que los guatemaltecos puedan vivir en una auténtica
democracia. Es indudable que la verdad beneficia a todos: las víctimas,
cuyo pasado ha sido denigrado y manipulado, se verán dignificadas;
por el reconocimiento de sus actos criminales, los victimarios podrán
recuperar también la dignidad, de la cual ellos mismos, con sus
actos, se privaron.
26. Sin embargo, nadie puede hoy asegurar si el inmenso desafió
de la reconciliación a través de la verdad puede ser enfrentado
con éxito. Para ello se requiere que los hechos históricos
sean reconocidos y asumidos en las conciencias individuales así
como en la conciencia colectiva. El futuro del país depende, en
gran medida, de las respuestas del Estado y de la sociedad frente a las
tragedias vividas en carne propia por la inmensa mayoría de las
familias guatemaltecas.
27. Para ello, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
recomienda que se inicie cuanto antes un programa nacional de reparación,
que incluya la dignificación de la memoria de las víctimas,
la divulgación de la verdadera historia del enfrentamiento armado
y medidas puntuales de resarcimiento colectivo e individual, y en especial
a beneficio de las víctimas socialmente y económicamente
más débiles.
28. La CEH recomienda también que el Estado emprenda una política
activa de exhumaciones de los centenares de cementerios clandestinos aún
existentes, así como la identificación final del paradero
de los desaparecidos. Hemos comprobado el desasosiego que padecen muchos
miles de guatemaltecos, por no saber qué les sucedió a sus
seres queridos, y el dolor de otros miles que no han podido dar religiosa
sepultura a sus familiares. Aún hoy estas son profundas llagas
abiertas en la sociedad y en la conciencia nacional.
29. La Comisión espera que el Estado cumpla y haga cumplir en todos
sus términos la Ley de Reconciliación Nacional, persiguiendo
y enjuiciando los delitos cuya responsabilidad penal no se extingue en
virtud de esta ley.
30. Para que toda la sociedad pueda tener plena confianza en el orden
democrático y en los organismos del Estado, la CEH recomienda al
presidente de la República que, en virtud de sus prerrogativas
constitucionales, establezca una comisión que, bajo su autoridad
y supervisión inmediata, examine la conducta de los oficiales del
Ejército y de los diversos cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
en activo durante el período del enfrentamiento armado, con el
objetivo de adoptarse las medidas administrativas adecuadas para proceder
a la depuración de los mismos.
31. Con el objetivo de favorecer la concordia nacional y favorecer la
paz, la CEH ha formulado también recomendaciones relacionadas con:
el sistema de administración de justicia y el respeto de los derechos
humanos; la educación cívica, la promoción de una
cultura de respeto mutuo y la difusión de la verdad histórica
acerca del enfrentamiento armado interno. Además se recomienda
adoptar reformas legislativas de fondo que definan una nueva función
del Ejército y una nueva doctrina militar, al igual que un reforzamiento
de carácter civil de la Policía Nacional Civil.
32. Para avanzar por la senda de la reconciliación, es esencial
devolver la dignidad a las víctimas. Por ello la CEH recomienda
que el presidente de la República y la ex - Comandancia de la URNG
reconozcan los hechos del pasado descrito en este informe, asuman las
correspondientes responsabilidades en nombre del Estado y de la URNG,
y finalmente pidan perdón ala sociedad entera.
33. Por último, la Comisión recomienda el establecimiento
de una entidad nacional de seguimiento que apoye, impulse y vele por el
cumplimiento de las recomendaciones de la CEH.
34. Finalmente, la CEH reconoce los grandes esfuerzos de los gobiernos
democráticos de la historia reciente del país y de la sociedad
entera, en la búsqueda de la paz. El Gobierno del presidente Alvaro
Arzú y la Comandancia de la URNG concluyeron, a finales de 1996,
un largo proceso de negociación que condujo al país al fin
del enfrentamiento armado interno.
35. Para alcanzar la verdadera reconciliación y edificar una nueva
nación, democrática y participativa, que valore su carácter
multiétnico y pluricultural, la sociedad entera deberá asumirlos
compromisos del proceso de paz. Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo
profundo y complejo, que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de
hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos
humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos
de esta nueva nación. Ocupa un primer plano en nuestra memoria,
entre todos ellos, Monseñor Juan Gerardi Conedera.
36. Con humildad y profundo respeto, la Comisión dedica su trabajo
a la memoria de todos los muertos que cobró la violencia fratricida
en Guatemala, durante más de tres décadas.
Feststellung des Genozids
Ich glaube, daß die Worte Tomuschats für sich selbst sprechen.
Jeder Leser dieses Artikels sollte sie vielleicht erst einmal auf sich
wirken lassen, bevor er weiterliest.
Die Feststellung des verübten Genozids wurde sowohl auf der Grundlage
der fast einjährigen Untersuchung als auch unter Berücksichtigung
der Definitionen in der 1949 in Guatemala ratifizierten Konvention über
die Vermeidung und Bestrafung von Völkermord getroffen. Hier wird
Völkermord definiert als Massaker an Mitgliedern einer Gruppe, schwere
körperliche und seelische Verletzung oder die absichtliche Unterwerfung
unter Lebensbedingungen, die zu totaler Zerstörung führen, beispielsweise
Maßnahmen zur Unterbindung von Geburten in dieser Gruppe.
Die lächerliche Antwort hierauf von General Efraín Ríos
Montt, der von 1981 bis 1983, also während den blutigsten, grausamsten
und verlustreichsten Jahren des Bürgerkrieges, an der Regierungsspitze
Guatemalas stand, ist im Anschluß an diesen Artikel in Form eines
Interviews zu lesen.
Auch die Worte Otilia Luz de Cotís begeisterten das Publikum. Sie
drückte ihren Wunsch aus, daß Guatemala den Weg des Friedens,
der Gerechtigkeit, des gegenseitigen Respekts und der Toleranz gemeinsam
geht, nachdem das Volk den Weg des blutigen bewaffneten Kampfes gehen
mußte. „Wir dürfen nicht wieder dazu gezwungen werden,
zu töten oder zu unterdrücken. Die CEH übergibt den Bericht
an Frauen und Männer, Mayas und Ladinos, damit insbesondere die junge
Generation die Geschehnisse des 34 Jahre andauernden Bruderkrieges kennenlernt.“
Sie betonte, daß die Mayas, die am schlimmsten vom Bürgerkrieg
betroffen gewesen seien, keine Rache wollten, doch sie verlangten, daß
sie endlich vollkommen respektiert und akzeptiert würden.
Am Schluß ihrer Rede würdigte sie noch einmal die Opfer des
Bürgerkrieges und besonders den Bischof Juan Gerardi Conedera, der
vor einem Jahr auf brutalste Weise umgebracht wurde, nachdem er den Bericht
des Erzbistums Guatemalas über die Vergehen des Bürgerkrieges
öffentlich vorgestellt hatte. Dies hatte einen besonders intensiven
und langen Beifall zur Antwort und schnürte vielen Menschen die Kehle
zu.
Aus dem Publikum hörte man immer wieder Rufe, sowohl von einzelnen
Personen als auch von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, wie
„Ayer Pinochet, mañana Ríos Montt“.
Der Präsident Guatemalas, Alvaro Arzú, der wie der Verteidigungsminister
Héctor Barrios Celada die Entgegennahme des Berichts mit der Begründung,
daß er das Dokument noch nicht durchgelesen hätte, verweigerte,
empfing ebenfalls Rufe aus dem Publikum, doch mußte er sich mit
Buhrufen begnügen. Er tat nichts anderes als in der ersten Reihe
physisch präsent zu sein und zu Beginn die Nationalhymne zu singen.
Die einzige Geste, die er über sich brachte, war ein Händeschütteln
für die Vorsitzenden der CEH (Christian Tomuschat, Otilia Lux de
Cotí und Alfredo Basells Tojo), für Jorge Soto, Raquel Zelaya
und Alvaro de Soto. Danach zog er sich diskret zurück und verschwand
von der Bühne, ohne daß ihn irgend jemand vermißt hätte.
Die Reaktion des US-amerikanischen Botschafters Donald Planty auf die
Aussage, daß die USA über verschiedene Regierungsstellen einschließlich
des CIA direkte und indirekte Unterstützung für bestimmte illegale
Operationen zur Verfügung gestellt hatte, die während des Bürgerkrieges
von der guatemaltekischen Regierung durchgeführt wurden, sprach –
wie das unauffällige Verschwinden Arzús – Bände.
Er bezeichnete dies als eine falsche Interpretation der Tatsachen. Das
wichtigste sei die nationale Aussöhnung, doch mit der Nation, welche
die bewaffnete Auseinandersetzung erlebt habe. Außerdem fügte
er hinzu – um die USA in ein etwas positiveres Licht zu stellen –,
daß sein Land für den Friedensprozeß mehr wirtschaftliche
Hilfe als jedes andere beigesteuert habe. Noch einmal betonte er, daß
die nationale Aussöhnung jetzt das Wichtigste sei.
Die Kommission ist noch in der gleichen Nacht aufgelöst worden und
die nächsten Jahre werden zeigen, inwieweit ihre Empfehlungen in
die Tat umgesetzt werden.
Kathrein Hölscher
Diese Seite wurde erstellt von Martin Heiden am 25.07.99