El General De Gaulle habría declarado en mayo de 1968 que estaba ya demasiado entrado en años
para volverse dictador. Se tendrá que esperar que con el paso de los años, el coronel Hugo Bánzer
Suarez se aplome y haga suyas las palabras de De Gaulle y que a su edad se estime ya demasiado viejo para volver
a ser dictador. En efecto, Bánzer, elegido en el mes de agosto jefe del Estado boliviano, es y sigue siendo
un nombre de triste memoria para el pueblo boliviano, o por lo menos para los bolivianos que aún recuerdan.
Ha bastado que el antiguo coronel, golpista en la más pura tradición latinoamericana, prometa con
un estilo tomado de la fraseología populista “educación, salud y empleo”, para que el pueblo boliviano
se vea afectado por amnesia y le confíe su destino. La sabiduría popular y Montaigne quieren que
un pueblo tenga el gobierno que se merece.1
Aceptar esa idea teniendo en vista el ejemplo boliviano seria simplificar al extremo un fenómeno donde la
elección de Bánzer es solamente la parte que emerge, la, en todo caso más visible de un iceberg.
Una ”success-story” que en todo el continente transforma fascistas notorios en demócratas que viven impunemente.
Las dictaduras militares, sustentadas ideológicamente por la doctrina de la Seguridad Nacional, importada
del Pentágono, implantaron el Terrorismo de Estado y concentraron sus ataques en el denominado “enemigo
interior”, al que identificaron con los sectores contestarios, populares o universitarios de la población.
La caída progresiva de esos regímenes, iniciada al principio de la década del ochenta, generó
un proceso de democratización. Si muchos de los regímenes actuales en América Latina presentan
un sistema que permite la expresión de una voluntad popular, no basta esto sin embargo para poder designarlos
como democráticos. Hoy en día está universalmente reconocido (o casi!) que un sistema politico
que no garantice las libertades individuales y públicas, un sistema que no respete los derechos fundamentales
inalienables a la condición humana, es un sistema por esencia a-democratico, cuando no antidemocrático.
En los años sesenta los Tupamaros emplearon la expresión feliz ”democradura” para calificar esta
situación de una democracia de nombre pero que no se da en los hechos . Hoy el mismo término podría
servir para designar a los regímenes actuales, que resultan del acoplamiento entre la democratización
y las dictaduras. Sería vano aquí hacer una lista exhaustiva de los males que afectan los pueblos
en la mayoría de los países latinoamericanos.
Por otra parte los gobiernos de esos países tienen un espacio de maniobra muy estrecho en razón de
la constante espalda de Damocles que representan los militares.2 Lo que, por cierto, no es una casualidad.
En cada uno de los Estados, antiguos cuadros de la dictadura permanecen en las Fuerzas Armadas como en la policia.
Las fuerzas coercitivas gubernamentales no cambiaron ni sus efectivos ni sus practicas3.
Y algunos de ellos encontraron rapidamente nuevas funciones y puestos influencia como mandatarios populares. En
una palabra, el proceso de democratización falló en la obligacíon moral y política
de garantizar el castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión, traicionando así
su finalidad: la democracia.
Aunque todo un arsenal jurídico obligaba a los estados a reprimir ese tipo de crímenes (Acta Internacional
relativo a los Derechos Cívicos y Políticos de 1966, Convención Americana de los Derechos
Humanos 1966, Convención de la ONU sobre la represion de la tortura 1984) muy pocos responsables de las
atrocidades fueron condenados. La mayoría de ellos se benefician de una impunidad otorgada sin legitimidad
popular y llevada a cabo según dos modelos distintos, uno representado por Bolivia el otro por Argentina.4
En 1991, el Tribunal Permanente de los Pueblos (instancia ética internacional) sesionó en Bogotá
para cumplir con la etapa plenaria del juicio contra la impunidad. Ese mismo Tribunal no pudo efectuar la sesión
de instrucción en Bolivia porque el gobierno democrático de Jaime Paz Zamora amenazó a sus
miembros con deportarlos si ingresaban al territorio boliviano. Hugo Bánzer Suarez, Alberto Natuch Busch
y Luis García Meza fueron inhabilitados moralmente por dicho tribunal para participar nuevamente en instancias
de gobierno tanto en su país como en cualquier otro país del mundo. De esta suerte las atrocidades
cometidas durante la dictatura de Bánzer (1971-78) quedaron impune hasta ahora.
En 1980, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidad contra Bánzer
ante el parlamento boliviano. Tras el golpe militar de Luis Garcia Meza (17 julio 1980) el proceso judicial quedó
paralizado. Restaurada la democracia (1982) fue imposible continuar con el juicio. El expediente con todas las
pruebas habia desaparecido y Marcelo Quiroga Santa Cruz habia sido asesinado por los paramilitares que asaltaron
el local de la Central Obrera Boliviana (COB) el primer día del golpe.
El único caso de juicio por responsabilidades que se llogró llevar a cabo fue contra Luis García
Meza y 58 de sus colaboradores. Tantos y tan variados fueron los intentos por impedir el juicio que la sentencia
del 21 de abril 1993 pronunciada por la Corte Suprema de Justicia demoró diez años en salir. Después
de su huida al Brasil el ex-dictator fue trasladado a Bolivia, en tanto que uno de sus colaboradores se encuentra
aún en Chile porque la Corte de ese país denegó su extradición.
La impunidad es una constante. Se permite la libertad de expresión y las denuncias de violaciones a los
derechos humanos, pero sin embargo la dependencia de los poderes legislativo y judicial del poder ejecutivo, la
sujeción de los fiscales a la Secretaría de Gobierno, la corrupción en los estratos judiciales,
en definitiva el juego de influencias que maneja el poder, así como las prácticas de violencia que
subsisten en la policía judicial y militar, la presencia de politicos y militares comprometidos con la dictadura
en sitios de mando, hacen que el país este envuelto en una ola de silencio y que la impunidad sigua tranquila
su camino. De este modo se evita que los hechos sean esclarecidos y que se juzgue a los responsables.
Son los asesinos quienes escriben la historia. Que ellos intenten redactar las leyes según su propia
conveniencia, no resulta ya allí muy sorprendente. Así las Leyes de Autoamnistías Generales
de Chile (abril 1978) o de Brasil (agosto 1979 y en 1985) encuentran su justificacion en una lógica interna,
pretendiendo prevenirse contra todo intento de prosecusión de un proceso judicial. Con la democratización
se hubiese tenido el derecho a esperar que la sociedad entera, analizara retrospectivamente su pasado, por medio
del procesamiento a los instigadores de ese pasado, tan cerca y a la vez tan doloroso, transcendiera su fractura
civil y creara así bases sólidas para su futuro.
Cuando en diciembre 1983 Raúl Alfonsín firmó el decreto 158 que desembocó en el gran
juicio a la Junta Militar en 1985, el respondió a una aspiración legítima de la sociedad civil
entera. El general Videla y el almirante Massera, ambos hasta ahora confinados en un cuartel, fueron condenados
a cárcel de por vida. Beneficiados por la Ley de Amnistia General y la Ley de Punto Final (22 de diciembre
1986) ellos quedaron en libertad. De este modo la Argentina pasó a contar con una nueva serie de textos
que atenuaban los efectos de las decisiones que habian permitido la condena de los miembros de la Junta.
En 1987 el levantamiento de los militares que tambien reclamaban una amnistía provocó la promulgación
de la Ley de Obediencia Debida del 5 de junio 1987.
Considerando que su predecesor no habia hecho todavía bastante, Menem, a su llegada al poder, firmó
amnistías presidenciales interrumpiendo procesos y dejando en libertad a verdugos responsables de violaciones
masivas de los derechos humanos.
Los primeros intentos de justificación de las leyes de amnistía (olvidar el pasado para refundar
la nación) hacen lugar a un discurso que convalida las ofensas a los derechos humanos. Así Menem
en un discurso del 2 de noviembre 1994, justifica el comportamiento de las Fuerzas Armadas declarando “hemos triunfado
en esa guerra sucia que ha llevado el país al borde de la desintegración”.5
A nivel internacional esas leyes generaron dos tipos de reacciones: primero el entusiasmo de los demás países
de la región que se apresuraron a adoptar los mismos modelos de leyes, segundo, la crispación de
los estados de la Comunidad Europea a quien el gobierno argentino impide toda divulgación de información
que pudiera facilitar la búsqueda y la acusación de los asesinos de ciudadanos europeos durante la
dictadura.6
Los gobiernos ”democráticos” contribuyeron de esta manera a sustentar la idea de que las violaciones
de los derechos humanos (secuestros, torturas...) son crímenes no punibles en un estado de derecho. Un Estado
que se concibe a si mismo como democrático priva a sus ciudadanos del democrático derecho a la justicia
que se les corresponde.
Protegidos por el dispositivo de la impunidad varios responsables de atentar contra los derechos humanos se presentan
a elecciones, varios fueron elegidos y ocupan cargos públicos, la apoteosis fue la elección de Bánzer.
La consecuencia más directa es un discrédito de la democracia como sistema justo. Y a un nivel mucho
más humano las victimas directas de esas violaciones siguen viviendo con el trauma de sus recuerdos, al
cual se añade la violación de uno de sus derechos, el más basico que como a ser humano le
corresponde: tener justicia.
Brice Calsapeú
1 En Venezuela los electores podrán elegir para las elecciones presidenciales de diciembre 1997
entre el ex-líder golpista Hugo Chavez, e Irene Saez Miss Universo 1981.
2 El caso del general Pinochet es quizás la mejor ilustración de lo que señalamos.
Cf. el articulo sobre el Honduras en Taz., 27 de noviembre 1997.
3 Ver los casos de gatillo fácil en Argentina.
4 Solamente en el Uruguay la ley de Amnistía fue sometida a un referéndum de iniciativa
popular y aprobada con el 57,3 % de los votos.
5 Esto es, por otra parte la tesis de la guerra sostenida por los militares durante el gran juicio a
las Juntas. Pero las Fuerzas Armadas Argentinas olvidaron la Convención de Ginebra de 1949, y su ”subversivo”
articulo 3 sobre el (bien) tratamiento de los presos de guerra.
6 Cf. el artículo de Adolfo Pérez Esquivel, ”Des bourreaux et de leur impunité.”
in: Le monde diplomatique, enero 1997. Pinochet tiene en esto sentido menos suerte. El magistrado español
García Castellón cuenta con la colaboración de la ministra de Justicia de los Estados Unidos
quien hizo levantar la desclasificación de documentos de los archivos de la CIA y del FBI.
7 Consultar los resultados del seminario internacional ”Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos”,
Santiago de Chile, 14 de diciembre 1996.